El gobierno de Uruguay autorizó la construcción de un puente para conectar dos localidades divididas por un lago, pero los vecinos prefieren cruzar por balsa.
Verónica Smink, Uruguay
Los dos departamentos, en la zona costera de Uruguay, están divididos por una laguna llamada Garzón, y para atravesarla hay que utilizar balsas, incluso para trasladar autos.
Ahora el gobierno de José Mujica autorizó la construcción de un puente para unir ambas localidades. Pero lejos de alegrarse por la noticia, muchos vecinos de ambas márgenes se oponen a la idea.
Tanto los residentes del histórico barrio de José Ignacio (en el departamento de Maldonado) como los habitantes del agreste departamento de Rocha, al este, vienen rechazando hace décadas los intentos privados de construir un puente.
Incluso existe un "monumento" a esa lucha en la forma de un puente inconcluso, de apenas unos metros, que empezó a hacerse en los años 60 hasta que los vecinos lograron frenar la obra.
Pero el auge inmobiliario que vive actualmente la costa atlántica uruguaya, en particular la zona alrededor del balneario de Punta del Este (también en el departamento de Maldonado) habría hecho que ahora el gobierno vuelva a dar luz verde al resistido proyecto.
No al puente
¿Por qué se oponen los vecinos a estar unidos por un puente?
La principal objeción que esgrimen de ambos lados es de carácter ecológico.
No es en sí la construcción del puente -que mediría menos de 100 metros- lo que preocupa a los ambientalistas, sino el aluvión de turistas y nuevos residentes que llegaría a través de la nueva conexión.
En efecto, dicha infraestructura es promovida por empresarios argentinos que planean al menos seis emprendimientos inmobiliarios en Rocha, en la zona costera (de unos 25 kilómetros) que se extiende entre la Laguna Garzón y la Laguna Rocha, al oriente.
En la actualidad, para llegar hasta ese lugar hay que cruzar la Laguna Garzón en balsa o, en su defecto, tomar uno de los caminos que se desprenden hacia la costa desde la ruta 9, que está a unos 15 kilómetros tierra adentro.
El impacto ambiental
Lorena Rodríguez de Vida Silvestre Uruguay dijo a BBC Mundo que se trata de una región "muy rica en biodiversidad y de alto valor paisajístico".
Actualmente sólo 77 personas residen allí y hay 17 viviendas.
Pero de acuerdo con los planes preliminares presentados por las intendencias de Maldonado y Rocha (que apoyan la construcción del puente), la expansión inmobiliaria de la zona será prolífica.
En una década habría unas 230 casas y 4300 habitantes. Y para 2035 en el lugar vivirían 11.200 personas en cerca de 2500 viviendas.
Para Rodríguez se trata de una expansión que será "catastrófica" para los bosques y algunas de las especies animales que actualmente habitan en esa zona.
El gobierno uruguayo señaló que Laguna Garzón forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, lo que garantizará la conservación del ecosistema.
Pero los ambientalistas se muestran escépticos sobre la protección que esa disposición pueda ofrecer.
"En el 80% de las áreas protegidas no se respetan las prohibiciones porque hay falta de personal", criticó la representante de Vida Silvestre.
Preservar la identidad
Vecinos de José Ignacio y de Rocha coincidieron en la preocupación respecto al impacto ambiental del proyecto.
Pero además, representantes de ambas localidades recalcaron a BBC Mundo la amenaza que el puente supondrá para el estilo de vida que caracteriza a cada lado.
A pesar de ser vecinas, las regiones a ambas márgenes del Lago Garzón tienen identidades muy singulares, algo que la mayoría de quienes se oponen al puente quieren preservar.
Ignacio Ruibal, que vive en José Ignacio desde hace 25 años y es vicepresidente de la Liga de Fomento local, explicó que ese pequeño pueblo, compuesto de sólo 36 cuadras que rodean el faro, se distingue por su carácter familiar y por su ritmo tranquilo.
"Todo se hace a pie, las distancias son cortas y nadie anda con apuro", describió.
Quizás la palabra que mejor ilustra a José Ignacio es "pintoresca". Sus 12 kilómetros de playas atraen a cientos de turistas todos los veranos, pero apenas un puñado tiene el privilegio de hospedarse allí, ya que en el pueblo no hay edificios (sólo casas) y la mayoría son residencias particulares.
En cambio, del otro lado de la Laguna Garzón se encuentra lo que muchos consideran un paraíso agreste.
Allí no hay redes eléctricas, ni sistemas de saneamiento, y tampoco hay instalaciones sanitarias.
Para algunos rochenses, como Daniel De Alaba, esto ofrece un contacto único con la naturaleza.
"Ahí se puede vivir bien sin necesidad de bienes de consumo", dijo a BBC Mundo.
¿Identidad o exclusividad?
Desde ambas orillas de la Laguna Garzón se habla de la importancia de preservar la identidad de cada lugar. Pero algunos creen que no es la identidad sino la exclusividad lo que se quiere mantener.
"Quieren que quede para unos pocos", acusó el empresario argentino Eduardo Costantini, el principal inversor inmobiliario en la zona y mayor promotor del puente, según el sitio Información Profesional.
Los impulsores de la iniciativa también afirman que los vecinos "pitucos" de José Ignacio no quieren recibir a los turistas más "bohemios" que suelen visitar los parajes de Rocha, y viceversa.
Ruibal y De Alaba aseguraron que ambas localidades quieren estar mejor conectados, pero para ello sugieren un sistema de balsas eléctricas –que mantendrá las características que hacen especial a la zona- y no un puente.
Ruibal admitió que a muchos vecinos de José Ignacio les preocupa que los cientos de constructores que llegarán para desarrollar la región vecina podrían inundar los servicios de salud del pequeño poblado.
Otra preocupación es que la costa de Rocha, al ser mucho más profunda que la de José Ignacio, es menos apta para nadar, por lo que algunos vecinos temen que las serenas playas de ese balneario podrían verse repletas de toda la gente llegada desde el otro lado del puente.
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