La jueza Gloria Poyatos no esperaba que darse de alta en la seguridad social como trabajadora del sexo le fuera a resultar tan sencillo.
Paula Vilella, Madrid
Embarazada de seis meses y cuando todavía era abogada -más tarde se convertiría en jueza- se personó en las oficinas de la administración para inscribirse en ese oficio.
Su objetivo era conseguir por escrito el rechazo y poder emprender contra él un procedimiento legal con el que conseguir una sentencia firme que avalara el registro, todo como parte de una investigación predoctoral sobre la prostitución autónoma.
"Mi sorpresa fue que no me lo impidieron", le dijo a BBC Mundo la magistrada.
En el proceso, la ahora jueza descubrió un hueco en la legislación española que le permitiría a las trabajadoras del sexo obtener derechos y garantías fiscales y legales.
Parte del problema es que, según la Organización Internacional del Trabajo, una de cada siete prostitutas en Europa podría ser víctima de trata.
Poyatos, quien establece la distinción fundamental entre las personas que deciden ejercer la prostitución y las víctimas de trata, considera que el avance en la regulación laboral haría que los casos de explotación fueran más visibles.
Según su tesis, las trabajadoras el sexo ganarían en seguridad, independencia económica y cobertura sanitaria y social si registran su oficio como autónomas.
Colectivos que trabajan en defensa de las prostitutas también sostienen que una regulación expresa serviría para detectar los casos de trata de personas así como para proteger y dignificar a quienes ejercen este oficio.
Percepción social
Poyatos comprobó que la prostitución por cuenta propia cabía en el mismo cajón de sastre que, bajo la etiqueta de "actividades personales especiales", engloba tareas sin especificar como el cuidado de niños y ancianos.
"Hay muchas actividades no reguladas expresamente que socialmente están aceptadas y asumidas; no es un problema legal sino de percepción social y de estigma", argumenta la jueza.
Para ello, pone como ejemplo a la industria del porno, con su regulación laboral específica.
"La única diferencia (con la prostitución) es la cámara, pero tienen el mismo acceso carnal, se les ve como artistas y son respetadas. Las prostitutas son prestadoras de un servicio profesional que cubre una necesidad social".
España es el país europeo que más recurre al sexo de pago. El 6% de la población es usuaria habitual y al menos el 40% lo ha probado alguna vez.
Se calcula que el negocio mueve 50 millones de euros cada día, según la asociación española de propietarios de clubes de alterne.
No hay cifras oficiales ni fiables sobre la cantidad de personas que se dedican a la prostitución en España. A falta de estudios en profundidad, desde hace años se maneja el dato de que 300.000 personas estarían ejerciendo en el país, un número que todos los colectivos y académicos que trabajan la cuestión consideran exagerado.
Resquicios de la ley
La postura política y jurídica sobre la prostitución siempre ha resultado polémica, pero España ha optado por la alegalidad de la actividad.
En el marco legal español el proxenetismo de lucro (que es aquel en el que no hay coacción ni violencia) está penado aunque haya consentimiento, lo que imposibilita la prostitución por cuenta ajena.
Pero la opción del trabajo autónomo es una vía que no trata las condiciones especiales del sector.
Por eso, los colectivos defienden la necesidad de una regulación expresa que les garantice los mismos derechos con una vida laboral más corta, como ocurre por ejemplo en la minería.
Poyatos ve las cooperativas de trabajo asociado como única alternativa al trabajo autónomo en prostitución.
Y Montserrat Neira, una trabajadora sexual, también está de acuerdo con que así sea.
"No se pueden imponer las condiciones; una tiene que poder elegir clientes, prácticas y horarios y los prostíbulos tienen que ser sólo una infraestructura para poder realizar este trabajo", apunta Neira, quien además investiga como politóloga la prostitución para dar una visión más académica y luchar contra su estigma.
En el caso español las distintas ciudades eligen cómo regular el espacio público y algunas localidades pretenden erradicar la prostitución a pie de calle en los lugares más transitados mediante la imposición de multas a trabajadoras y clientes, lo que contribuiría a aumentar el estigma social de este colectivo.
Y por eso Hetaira, organización que defiende el reconocimiento de derechos para las prostitutas, también apuestan la normalización del trabajo sexual.
"Hay que escuchar a las trabajadoras del sexo, saber cuáles son sus necesidades, y a partir de ahí empezar a trabajar", manifiesta su portavoz Mamen Briz, muy crítica con políticas públicas sobre prostitución e inclusión social que no tienen en cuenta las opiniones de las personas afectadas.
"Vivimos en una sociedad en la que pagamos por todo. No es lo deseable pero así es. ¿Por qué da tanto pánico pagar por una relación sexual siempre y cuando haya consentimiento entre dos personas adultas y el mismo respeto que tiene que haber en cualquier relación sexual?", concluyó.
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