Cuando se cumple un mes de protestas de los habitantes de Aysén en la Patagonia chilena, los esfuerzos del gobierno de Sebastián Piñera por llegar a un acuerdo parecen condicionados por las demandas de los pobladores de otras zonas extremas.
Rodrigo Bustamante, Chile
La tensión creció hace unas semanas en Puerto Aysén, ciudad ubicada a unos 1.600 kilómetros al sur de Santiago, luego de que el palacio de La Moneda pusiera como condición para el diálogo el fin de las manifestaciones y el desbloqueo de las rutas.
Las posturas se polarizaron entre acusaciones de radicalización e intransigencia.
Y varios analistas explicaron la postura de Piñera como un intento por evitar que este tipo de hechos se repitiera en ciudades como la norteña Calama o la austral Punta Arenas.
El diputado David Sandoval, afín al mandatario, le dijo a la BBC que demandas como la de Puerto Aysén podrían replicarse si no cambia la relación del gobierno central con las regiones, en que las autoridades locales tienen poca capacidad de acción y dependen de lo que se decide en Santiago.
"El temor que tiene el gobierno es que pase en otras regiones, y creo que es válido. Lo que hay que realizar es una política de relación nueva del gobierno nacional con las regiones y no tiene por qué ser motivo de inquietud que las demandas de Aysén se puedan replicar", expresó.
Los habitantes de Aysén exigen un subsidio a los combustibles, junto a otras 10 demandas con las que buscan mitigar los problemas causados por su aislamiento.
Reclamos extremos
Calama está a 1.560 kilómetros al norte de la capital chilena, y durante 2011 su ciudadanía protagonizó dos protestas masivas en demanda de mayores beneficios derivados del cobre, principal exportación del país y que se explota en gran cantidad en este territorio.
Punta Arenas se ubica a unos 3.100 kilómetros al sur de Santiago, y en enero del año pasado acaparó la atención cuando sus habitantes se volcaron a las calles para reclamar por el intento de quitarles un subsidio que haría subir el valor del gas, principal combustible de la zona.
Ambas manifestaciones coparon la agenda y generaron respuestas desde las autoridades, pero en la actualidad sus representantes denuncian falta de cumplimiento de los compromisos, y se declaran dispuestos a demostrar nuevamente su descontento.
El alcalde de Calama, Esteban Velásquez, dijo a BBC Mundo que les prometieron que antes de fin de mes tendrían una propuesta sólida sobre la mesa, y se ponen este plazo como tope antes de tomar acciones más radicales.
"De no tener respuesta, si hay que estar en la calle vamos a estar, y si hay que jugarse por una situación que implique movimientos severos y drásticos lo vamos a hacer, porque la verdad es que nos estamos muriendo en Calama", aseguró.
A su vez, el vocero de la asamblea ciudadana de Magallanes, José Hernández, señaló que Punta Arenas vive hoy su propia tragedia ante la inundación que sufrió la madrugada del lunes (pasado), pero que una vez que las cosas se normalicen se exigirá atención a las demandas.
"Lo que no queremos es seguir desde la calle o en las barricadas, queremos respuestas a nuestras necesidades", declaró a BBC Mundo, agregando que "la comunidad va a estar siempre atenta, y cuando el gobierno no entiende con palabras y no razona estamos obligados a adoptar medidas de fuerza".
Demandas y respuestas
Los habitantes de Calama exigen una reforma para que un 5% de las utilidades del cobre se quede en una comuna que denuncian "contaminada y saturada" a causa de la intensa actividad minera.
"Nuestra ciudad está en el distrito minero tal vez más importante del planeta, que genera miles de millones de dólares y que financia los distintos presupuestos de los gobiernos: no puede seguir gozando cero beneficio de los recursos, con el daño que implica una industria minera en cualquier parte del mundo", comentó su alcalde.
En Punta Arenas acusan que el proyecto de ley para la fijación de tarifas del gas no avanza como se les anunció, y el movimiento se reagrupa con un petitorio de 15 puntos principales a la espera de que las conversaciones con las autoridades locales rindan frutos.
"Hemos planteado un diálogo pero no eternamente, vamos a ir quemando etapas, nos hemos declarado en estado de movilización. Creemos que el gobierno tiene la obligación de sacar adelante lo que nosotros estamos trabajando para nuestro desarrollo económico y social", dijo el vocero José Hernández.
En el gobierno de Sebastián Piñera los esfuerzos están centrados en Aysén y enfatizaron que no aceptarán presiones de otros grupos que busquen sumarse a este ambiente de movilización social.
"Aquí no se va a aplicar que el gobierno hace de acuerdo al que grita más", aseguró el ministro vocero de La Moneda, Andrés Chadwick, quien dijo que las autoridades locales son las encargadas de revisar esta situación mientras el poder ejecutivo toma las mejores decisiones para el país.
"A veces puede ser difícil, pero las respuestas y los compromisos que el gobierno asuma van a ser siempre serios, responsables y dentro de las posibilidades que el país puede darse", declaró, descartando que un 5% del cobre pueda quedarse en Calama o que se vaya a negociar directamente con Punta Arenas.
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